RESEÑA DE EL AGUA, EL TLC Y EL AGRO. Escrita por Alejandro Herrera.

Claudia Sampedro Torres / Alfredo Suárez Mejía. EL AGUA, EL TLC Y EL AGRO Revista Opera, abril, año/vol. 6, número 006 Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia. Claudia Sampedro es abogada, investigadora y docente del CIPE -FIGRI -UEC, profesora de derecho internacional público y derecho del medio ambiente. Alfredo Suárez Mejía es abogado constitucionalista. Hace relativamente pocos años, los libros y películas exploraban en lo que creían que era una manera satírica las posibles guerras, complots y conflictos dados por el agua en el futuro. En cierto momento llegamos a dicho futuro, y aunque no contemplamos escenarios tan dramáticos como una guerra, el documento El agua, el TLC y el Agro, por Claudia Sampedro y Alfredo Suárez, nos pone ante un panorama con graves implicaciones sociales y económicas. La importancia del agua es innegable, y así lo dejan en claro ambos autores. Es esencial para la vida y, más específicamente, es esencial para el desarrollo del sector agroindustrial. El caso de Colombia no es una excepción, puesto que la disposición de las aguas, consideradas un “recurso natural del dominio público”, está enfocada en gran parte a crear y nutrir zonas aptas para el cultivo. Esto no solo implica el disponer del agua, como bien lo indica el texto, sino también el poder contar con la infraestructura, la administración y la capacitación necesaria como para hacer de esta agua con tales fines industriales. Sea a partir de la inversión pública o del desarrollo de particulares, y pese a que no se tienen estadísticas exactas sobre la efectividad de los sistemas empleados, la industria de la agricultura ha progresado de manera sustancial (más no con una cobertura total) gracias a las facilidades para acceder al agua del territorio colombiano, y a lo que había sido, hasta cierto punto, un buen manejo de estas por parte de entes regulatorios. Es destacable la labor del Estado por entregar las zonas adecuadas a los usuarios de las mismas; cierto es que se presentan problemas cuando se trata de la administración y el manejo de estas, pero el principio mismo no solo fomenta la industria sino también el desarrollo social. La verdadera problemática llega cuando se plantea en el texto la pregunta de si la llegada del TLC podría destruir el balance en el que se encuentra la distribución y uso del agua en Colombia. Después de todo, ¿no daría el TLC casi una carta blanca a las compañías extranjeras o nacionalizadas para que utilicen libremente el agua y las zonas adecuadas para su uso en la agricultura? Países como los Estados Unidos podrían sacar grandes beneficios de disponer de tales recursos casi sin ninguna restricción, mientras que es de suponer que nuestra misma industria vería varias consecuencias negativas (desde una reducción en las exportaciones hasta una manipulación de un recurso del cual no solo se sostienen empresas sino también familias). No hay que temer al TLC, nos dicen los autores, puesto que no es necesaria su llegada para poder vulnerar el acceso y uso de este recurso. La resolución No. 1399 de 2005, junto a otro grupo de lagunas en las leyes y reformas creadas a conveniencia, permiten al gobierno (y no a los usuarios, como era costumbre y ley) determinar el uso del agua. Así mismo, se concretó que las compañías también podían solicitar los recursos para disponer de esta y de su infraestructura, siempre y cuando cumpliese con ciertos parámetros que, a decir verdad, solo requieren de la dudosa aprobación del gobierno. Así, con estos vacíos legales y sin siquiera la necesidad de abrir canales bilaterales de comercio, el gobierno colombiano (del periodo de Álvaro Uribe) cedió sin rechistar los privilegios de lo que en teoría no es propiedad estatal, sino propiedad del pueblo colombiano. Algunos podrían llamar a esto progreso, pues es innegable que la apertura económica es necesaria, e incluso inevitable para el caso específico de Colombia. Sin embargo, las implicaciones económicas y sociales de esto pueden ser devastadoras para una nación tan frágil como esta. Ahora se puede sustentar que se presenta una competencia, una disputa (aun dentro de los márgenes de las pocas regulaciones existentes con respecto al tema) por el uso y control de aguas en Colombia. El usuario podría verse relegado por las empresas, y estas a su vez pueden alimentar economías ajenas a costa de recursos que ni siquiera pertenecen al Estado que recibe sus ganancias, sino a aquellas personas que sufrirían por la falta de acceso a un bien público. Pero nosotros estamos aquí, lejos de todo eso, donde no importa sembrar nada y el agua sale con solo girar un grifo. Tal vez la situación nos sea ajena ahora, pero no por eso dejamos de ser víctimas de lo que a primera vista es un abuso y un ultraje. Los golpes en la economía a largo plazo de estas actividades podrían afectar desde el mercado laboral hasta los precios de la canasta familiar, lo cual nos compete. Y definitivamente será problema nuestro cuando cobren más de tres mil pesos por alguna marca que nos vende el mismo líquido que habría de ser nuestro por derecho