RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Por Bryan Andrés Gaitán Hidalgo

Ann c. Mason, El TLC y la seguridad en Colombia, Red Colombia internacional, Colombia, 2009, 15 paginas. En “El TLC y la seguridad en Colombia” se dan a conocer las diversas situaciones que con oportunidad en las negociaciones del TLC se han tratado con respecto a las posibles consecuencias negativas que este pueda generar para la seguridad del país. Aunque la relación entre un constante deterioro de la economía campesina y la seguridad es fácil de encontrar, no resulta ser tan simple hallar una relación entre el progreso del sector agrícola y un mejoramiento de la seguridad. Este enunciado menciona que un TLC que genere desarrollo económico al campo lograría mejorar las condiciones de seguridad en el país, pero que también podría ser capaz de provocar inseguridad. Para lograr efectos positivos en el tema de seguridad a causa del desarrollo económico del campo, la escritora plantea que este tratado debe estar adjunto a un desarrollo de las instituciones públicas y privadas, y las respectivas garantías de orden público. Este enunciado esta compuesto por cuatro partes, en las cuales se comparten las diversas situaciones presentadas ante dicho tratado y las regiones mas vulneradas por los grupos al margen de la ley a lo largo de la historia del pueblo colombiano; regiones que serian de gran impacto en este nuevo tratado. La primera parte plantea los debates que se han presentado por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que han afectado en ciertos sectores industriales y también a la vida política nacional, sin duda alguna se habla del conflicto interno. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, traería posibles repercusiones para la seguridad del país, ya que a pesar de que las negociaciones concluyeran en ganancia para la economía rural, ello no seria mejoramiento a la situación del conflicto. Al fortalecerse el sector agrícola actuaría como un escudo contra la violencia y la inseguridad, o tal vez se convertiría en nuevas oportunidades para ser explotados a los grupos armados, dependería entonces de la calidad de las instituciones y del grado del orden público. La segunda parte comparte a todos los lectores información más amplia con respecto a “el campo y el conflicto armado”. Muestras a todos los lectores como el destino socioeconómico del campo colombiano esta atado al rumbo del conflicto interno, por eso es un tema sensible en las negociaciones con Estados Unidos. Nos da a conocer, que la guerrilla nació de asociaciones de las autodefensas campesinas interesadas en los derechos de la tierra, en la colonización autónoma y en la libertad de sus actividades agrícolas; la expansión del conflicto se concentro en zonas marginales debido a la escasa presencia del Estado en ellas. “Debido a las luchas territoriales entre los grupos de izquierda y los intereses agrícolas, la guerrilla hizo presencia en nuevas regiones del país, estos choques se agravaron con la llegada de cultivadores de coca, quienes se convirtieron en dueños de milicias privadas para la protección de sus actividades ilícitas”. En la transformación en el conflicto armado en la década de los “90”, tanto las FARC como los paramilitares se expandieron en tamaño, capacidad militar y presencia territorial. En el año 2004 Colombia se volvió el responsable de un “80%” de la producción mundial de cocaína, con poco más de 100.000 hectáreas de cultivos; el aumento de la producción de coca se favoreció debido a la erradicación de cultivos en Perú y Bolivia, los nuevos carteles y el rol de los grupos armados en el negocio de las drogas. Hoy en día, a pesar de las aspiraciones de las FARC y un incremento en sus acciones urbanas, el epicentro del conflicto armado colombiano sigue estando en el campo, en donde reside el “27%” de la población y se genera, además, el “23%” del empleo nacional. La tercera parte se enfoca en la frase: “Una agricultura débil equivale a un terrorismo fuerte”; hay un derrame de sangre, que es evidencia que apoya la correlación entre una economía rural endeble y los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la violencia y el conflicto armado, a la perdida de un millón de hectáreas de cultivos agrícolas se le atribuye la inestabilidad social en ciertas regiones del campo, aumento en la pobreza, el desempleo y las migraciones. Con este precedente la situación socioeconómica actual del campo no es alentadora. El “83%” de la población campesina hoy vive bajo la línea de la pobreza y el “40% vive en la pobreza extrema”. Como es de conocimiento de todos, no es sorprendente enterarse que la población campesina mire a los cultivos ilícitos como una alternativa real; si las negociaciones del TLC afectan negativamente al sector agrícola y a la economía rural del país, es razonable esperar un empeoramiento de las condiciones económicas. Plantear restricciones comerciales contra productos agrícolas como la caña de azúcar, el arroz, el algodón y el maíz, limitando su acceso a mercados exteriores o eliminando las protecciones domesticas que disfrutan, tendría seguramente un impacto negativo, especialmente en áreas donde no se ofrecen alternativas laborales, las posibles consecuencias mas graves serian la ruina económica para familias campesinas, el abandono de sus tierras, la migración y la siembra de cultivos como la hoja de coca y amapola. También afirma, que el crecimiento de las FARC como el de los paramilitares se debe no solo a su participación en una economía ilegal basada en la coca, sino también en su capacidad de aprovecharse de la economía legal; los actores armados y los cultivos ilícitos no migran solamente a zonas económicamente deprimidas sino que también ha sido hacia los centros agrícolas, cafeteros, ganaderos, mineros y petroleros. Por sorprendente que parezca, una economía rural y un sector agrícola prospero ofrecen nuevas posibilidades de financiación para los grupos al margen de la ley a través de practicas tales como el robo, la extorsión y el secuestro. Se suma a este comportamiento parasitario, la entrada directamente a la economía legal a través de inversiones en tierras y comercio; la seguridad debe incorporar tres componentes: el desarrollo económico, las instituciones y el orden público. La provisión por parte del Estado de protección física a los ciudadanos, a su infraestructura, a sus instituciones y a su territorio, así como las instituciones publicas y privadas, y también la satisfacción de las necesidades humanas básicas, sumados a los recursos e incentivos suficientes para estimular la economía. Finalmente “el eje cafetero”. La economía robusta del viejo Caldas se basó en la producción y exportación de café, siendo una de las regiones mas prosperas y estables del país; Sin embargo, esto cambio en los años 90, tras la liberación de los precios internacionales del café. La federación no pudo hacerle frente a la crisis internacional, gracias a ello la afluencia de grupos ilegales aumento, los cultivos de coca empezaron a aparecer camuflados dentro de los cafetales, y esto conllevo a la llegada de narcotraficantes y la inseguridad asociada con su presencia en la zona. La mencionada publicación es útil para esclarecer que cualquier herramienta que favoreciera al sector agro en Colombia, sería de gran impacto positivo para el país; el TLC seria un movimiento de gran importancia en el progreso de la economía campesina legal, capaz de producir empleo y modernizar los procesos de producción; pero seria un gran error pensar que el TLC será suficiente para la recuperación de la seguridad en Colombia. Para que cualquier ganancia económica ayude a la situación socioeconómica del país, deben intervenir el Estado, fuertes instituciones y el sector privado. Es de conocimiento tanto para el gobierno estadounidense como para el colombiano que ni el fortalecimiento de las fuerzas militares, ni los beneficios potenciales del TLC, lograrían mantener la seguridad nacional.